Inseguridad en Jalisco, agenda pendiente
Mtro. Jorge Enrique Rocha Quintero
La inseguridad pública se convirtió desde hace algunos años en uno de los problemas más graves y lacerantes en el Estado de Jalisco. Es cierto que no es un asunto nuevo y que hemos alternado momentos de calma y tiempos muy convulsos. Por ejemplo, en los años 80, en la época del llamado “Cartel de Guadalajara”, la ciudad fue protagonista de hechos muy violentos que se conjugaron con lapsos de relativa tranquilidad, que luego se trastocaron con acontecimientos trágicos, como el hasta ahora no resuelto asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, octavo Arzobispo de Guadalajara, en mayo de 1993.
Hasta la primera mitad del sexenio del Gobernador Emilio González Márquez, el discurso gubernamental giraba en torno a que en Jalisco no resentíamos los problemas de inseguridad que aquejaban a otros Estados, como Michoacán, Zacatecas o Nayarit. Se aseguraba entonces que nuestra Entidad era un oasis de paz y que la presencia de la delincuencia organizada era producto del mal llamado “efecto cucaracha”; es decir, de operativos federales que buscaban líderes de grupos criminales en localidades vecinas, y que al huír venían a refugiarse en Jalisco. La realidad nos mostró que esta idea no tenía fundamentos empíricos y que nuestro Estado, efectivamente, estaba sumido en un preocupante problema de intranquilidad.
El violento despertar se produjo cuando aparecieron los llamados “narco-bloqueos”, que sumados a otros terribles hechos como la aparición de más de veinte cadáveres en los Arcos del Milenio, nos situaron en la terrible realidad que hoy nos aqueja.
La seguridad, en la Administración actual
Es cierto que el Gobierno del presente heredó un serio problema en esta materia; pero luego de uno y medio años de esta Administración Pública Estatal, no puede afirmarse que exista un control y una disminución significativa de los hechos delictivos. Por lo menos, hay cuatro elementos que preocupan sobremanera: *el primero es que, dentro de los propios indicadores del Ejecutivo Estatal, que se reportan en el MIDE (Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco), pueden observarse incrementos en prácticamente todos los índices del año 2012 al 2013; y en lo que va de 2014, hay indicadores cuyas cifras no muestran avances suficientes ni significativos; por ejemplo el incremento de delitos del fuero común, como extorsiones, fraudes, robos a bancos y robos a autobuses de carga. Habrá que esperar el fin de año para ver los resultados definitivos.
*Un segundo aspecto es que, de acuerdo a la publicación electrónica Sin Embargo, en lo que va del actual Gobierno priísta se contabilizan más de 60 funcionarios públicos asesinados, entre los que destacan el Secretario de Turismo, Jesús Gallegos; el Presidente Municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres, de origen panista; y en días pasados, el Diputado Federal priísta Gabriel Gómez Michel. Del primer caso ya se han conocido algunos resultados, pero la mayoría de los homicidios no está resuelta y, por supuesto, representa una alarma para toda la población.
*Tercer punto de preocupación es una cifra negra muy importante en cuanto a los delitos cometidos en Jalisco; esto es, las personas que son víctimas de estos hechos prefieren no denunciar, pues lo consideran una pérdida de tiempo o porque creen que la justicia nunca llegará, e incluso porque temen que su denuncia pueda repercutir en venganzas de parte de los denunciados. Por la propia naturaleza del fenómeno, es muy difícil contabilizar de manera precisa estos casos; sin embargo, algunas aproximaciones hablan de que son entre un 60 y un 90 por ciento los delitos no denunciados en la Entidad.
*Un cuarto fenónemo que aparece como sumamente preocupante son las desapariciones forzadas en el Estado, y aunque en Municipios del Sur de Jalisco como Sayula, Atoyac, Zapotlán el Grande y Zapotiltic se han reportado abundantes casos, el tema no ha sido abordado con la debida profundidad. Este asunto cobró mucha relevancia a partir de un Informe presentado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que mostró que durante el último sexenio hubo 2,175 casos de personas desaparecidas en la Entidad, pero el Gobierno actual no ha retomado el asunto; incluso, resulta muy relevante que en los indicadores del MIDE no hay algún índice que rinda cuentas sobre este grave tema.
Entre las conclusiones más preocupantes del problema de inseguridad pública en Jalisco resalta el que no contemos con cifras certeras sobre los actos delictivos, y por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta lo que pasa; sin embargo, en la cotidianeidad de muchas personas la preocupación por la inseguridad sigue estando presente y no se perciben avances concretos y significativos. Dicho de otra forma, el problema de la inseguridad sigue siendo agenda pendiente en el Estado, y urgen ya avances sustanciales en la materia.
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