Desasosiego y confusión por tanta violencia
Mtro. Jorge Enrique Rocha Quintero
Académico del ITESO
La primera semana de octubre de este año, los Medios de Comunicación de alcance nacional se convirtieron en una novela de terror. Se reportaron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa como desaparecidos, y el fin de semana se encontraron 28 cuerpos calcinados en una fosa común en el Estado de Guerrero, que hasta el momento de escribir este Artículo, se presumía podrían ser parte de estos jóvenes. El Gobierno de aquella Entidad apresó a 30 personas implicadas, entre ellas a Policías del Municipio de Iguala, en tanto que el Presidente Municipal de ese lugar, José Luis Abarca, que ha sido señalado como uno de los responsables, pidió licencia y está prófugo.
Este hecho generó la solidaridad e indignación nacional y puso contra la pared al Gobierno perredista de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre. Mucha tinta y análisis verbales se han vertido en la Opinión Pública respecto a este caso; pero, desde mi punto de vista, tres asuntos revisten una particular importancia: la incapacidad de respuesta del Estado Mexicano ante hechos como éste; las relaciones entre delincuencia organizada y Gobiernos locales, y la criminalización y estigmatización de jóvenes y Movimientos sociales.
Examinando factores
Sobre el primer aspecto, se supone que los distintos niveles de Gobierno están implementando medidas, mecanismos y dispositivos para contener el problema de las desapariciones, y un ejemplo de ello es la Alerta Ámber. Sin embargo, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ni el Gobierno Estatal ni el Federal tuvieron capacidad de respuesta ni implementaron las acciones necesarias para buscar a los estudiantes de la Normal Rural, cuando en este tipo de eventos las reacciones inmediatas son vitales para resolver los casos de forma favorable. Incluso, fue tal la incapacidad mostrada, que el Presidente Municipal de Iguala tuvo el tiempo necesario para huír del Estado.
La falta de voluntad política, el desdén por el caso, la no-coordinación y una preocupante insensibilidad se conjuntaron para que la clase política de aquella Entidad no hiciera lo necesario ante la gravedad del asunto. Resulta muy delicado que, ante hechos de esta naturaleza, el Estado Mexicano no sea capaz de responder adecuadamente, ya que esto sólo demuestra el alto grado de indefensión en el que estamos todos. Se supone que una de las obligaciones primordiales de los Gobiernos es garantizar el derecho a la seguridad; mas el caso de Ayotzinapa mostró, de forma cruda y clara, las debilidades del sistema de seguridad.
Respecto al segundo asunto, desde hace tiempo, Académicos como Edgardo Buscaglia habían advertido en distintos foros y publicaciones el problema creciente de la involucración y penetración del crimen organizado en los Gobiernos locales, y que era un problema no resuelto desde el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Es evidente que el cambio en el Gobierno Federal no logró dar soluciones a esta cuestión, y el caso de Ayotzinapa es un devastador ejemplo de ello. De acuerdo a las informaciones vertidas en los distintos Medios, el Gobierno Municipal de Iguala, de origen perredista, también estaba coludido con las bandas delincuenciales de la región, y para el caso de los normalistas, actuaron de forma conjunta. Esto representa un gravísimo problema, ya que, de facto, no son las Autoridades legítimamente elegidas las que gobiernan, sino los grupos de la delincuencia organizada son quienes efectivamente controlan los territorios. Esto, sin duda, nos lleva a retomar las ideas del “Estado fallido” o del “Estado ausente” que no es capaz de realizar sus funciones y termina dejándolas en manos de grupos delictivos. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos Municipios de México tendrán la misma situación que Iguala?
El tercer asunto de notoria gravedad es que siguen siendo jóvenes estudiantes los destinatarios de este tipo de violencia. Ya desde antes se ha criticado fuertemente la existencia de las Normales Rurales, donde los jóvenes provenientes del campo se preparan como docentes. La tradición de este tipo de Escuelas es que forman a personas críticas que buscan la transformación social a través de la Educación, y es por ello que, en su mayoría, estos jóvenes se comprometen a cambiar la realidad social en su entorno. Los continuos ataques a los que ha sido sometido este tipo de escuelas y la violencia que han recibido desde antes, ha escalado su grado más alto, y devela el desprecio en contra de jóvenes que se incorporan a Movimientos sociales. Esto, en cualquier Sociedad que se precie de ser democrática, es inaceptable y condenable, a todas luces.
A condición de…
Cierto es que Ángel Aguirre deberá renunciar por su incapacidad para gobernar; que el PRD y los demás Institutos Políticos deberán deslindarse de gobernantes y candidatos a puestos de elección popular que puedan tener nexos con la delincuencia organizada; que el Gobierno Federal tendrá que encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos… pero todo esto será insuficiente si de una vez por todas no se resuelve el problema de la impunidad, y que, por fin, nuestro Sistema de Justicia funcione; de no ser así, todo seguirá igual.
Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com
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