Seguridad o mordaza; ¿legislar es encadenar?
Atareados en otras cosas, distraídos por los días de asueto, quienes nos gobiernan han envuelto en los clásicos “madruguetes” sus artimañas, no al servicio del pueblo ni procurando la salud mental, global del México de nuestros días, sino en busca de satisfacer sus propios intereses. Parece que la letra pequeña de las Leyes Secundarias de Telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo a la Cámara Alta para su examen y aprobación, contiene explosivos fuegos de artificio y trampas escondidas en la blandura de la maleza.
Y ante tales modificaciones propuestas, el primer grito de sorpresa y repudio lo han dado los internautas, porque se cree que hay intención de coartar la libertad de expresión a través del control de la Internet, bajo pretextos de seguridad nacional o intereses facciosos. Por ello, mucha gente ya se ha manifestado: “Ni con candados, tanques y metralletas a este pueblo lo callan”.
Legislar quiere decir poner orden para que nadie conculque derechos ajenos o que algunos abusen de los beneficios. La gente se pronuncia en defensa de los derechos digitales; pero, ¿son selectivos estos derechos? Nuestras Autoridades, a la hora de crear o formalizar Leyes, han tenido a lo largo de la Historia, desde el primer Constituyente, -dicen los que saben de Historia- omisiones crasas, abusos programados y votaciones a modo, cuando su tarea esencial debería ser dar atención al pueblo, y con respeto, lograr que las Leyes fuesen un beneficio para las mayorías; no prebenda de sectas intelectuales o poderosos consorcios económicos.
Por principio de cuentas, las reformas en Telecomunicaciones afectan a 13 legislaciones ya existentes. Se dan linduras de totalitarismo con pretexto cualquiera. Se podrán bloquear contenidos a petición de parte; se dice: “Se guardará la información de todos los usuarios por dos años, con fines de investigaciones legales” ¿Cacería de brujas? ¿Cuál es el precio? Se argumenta, asimismo, que se desea prevenir el secuestro, atacar la delincuencia organizada, pero también se podrá utilizar la información para silenciar a personajes incómodos.
Cierto, esto aún estará a discusión en las Cámaras Legislativas, pero ya suenan defectos devastadores. No se garantiza el libre acceso a Internet a millones de mexicanos, o éste puede ser suspendido bajo el pretexto de la Seguridad Pública. Todavía está por verse cómo se resolverá el Artículo 145º en sus Fracciones I, II y III de la Ley de Telecomunicaciones, que viola el Derecho a la Libertad de Expresión, al establecer la posibilidad de que Autoridades puedan ordenar el bloqueo de contenidos.
Suenan algunas iniciativas cual copia de un Estado totalitario. Según el Artículo 197º, por poner tan sólo un ejemplo, las Compañías que presten servicios de Comunicación deberán “Bloquear, inhibir o anular, de manera temporal, las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las Autoridades competentes”. ¿Autoridades sabias, respetuosas y en verdad competentes?
Dichos datos pudieran revelar cuestiones muy sensibles, como las preferencias sexuales, estado de salud, opiniones políticas, credo religioso, estatus laboral y un largo etcétera.
Se afirma que estas modificaciones legales conllevan buenas intenciones, pero que han sido mal redactadas por quienes las enviaron a los Legisladores; pero, conociendo a nuestros Senadores y Diputados, se podría decir que puede ser una redacción maniquea, para en el futuro se pueda torcer la Ley a gusto clientelar.
Los Partidos y sus alfiles en las Cámaras también hicieron lo propio en estos días de asueto para salirse con la suya. Se trabaron en fuertes diferencias por la aprobación de dicho proyecto reformista, y optaron por posponer hasta junio su aprobación, cuando se hayan apaciguado los reclamos o alcanzado un alto nivel de sabiduría. Tendrán, pues, tiempo para repensar causas y efectos. ¿Requerirán mayoría simple o calificada? El tema y el espectáculo continuará en cartelera.
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