Reformas con lagunas y omisiones

Reflexiones sobre la Reforma Política en Jalisco

Mtro. Jorge Enrique

Rocha Quintero

Durante el año pasado se realizaron las llamadas “Reformas Estructurales”, entre ellas la Reforma Político-Electoral. Estos cambios a la Constitución implicaron dos acciones posteriores: la creación de las Leyes Secundarias en materia político-electoral para su aplicación en el ámbito federal, y las modificaciones a las Legislaciones locales, tanto en las Constituciones de los Estados como en los procedimientos electorales.

Nuestro contexto particular

En el Estado de Jalisco acaba de realizarse el segundo proceso, que consistió en la armonización de las Leyes estatales a los marcos normativos federales, y podemos encontrar novedades que, sin duda, afectarán la vida política de la Entidad a partir del próximo año. Por esta razón, es necesario hacer un repaso crítico sobre las nuevas reglas del juego que van a enmarcar los procesos electorales siguientes.

Lo primero a señalar es que, tanto en el nivel federal como en el ámbito local, los Legisladores no propiciaron espacios de debate o discusiones públicas, donde se confrontaran las ideas y se plantearan novedades democráticas en función de resolver la grave crisis por la que atraviesa el sistema político mexicano, y avanzar en figuras que propiciaran un fortalecimiento de la democracia. Tanto la Reforma Federal como la local se hicieron apresuradamente y de espaldas a la ciudadanía, y sólo se tomaron en cuenta los intereses partidarios. En este sentido, volvió a perderse una oportunidad histórica para generar amplios consensos sociales respecto al futuro de la democracia mexicana.

Una breve disección

Las Reformas Electorales locales y federales contienen cambios que podemos catalogar en cuatro tipos: los aspectos positivos, los cambios insuficientes, los elementos de incertidumbre y las ausencias.

Tocante a los aspectos positivos, hay que resaltar dos: la paridad en las candidaturas a Diputados Locales, Federales y Senadores entre hombres y mujeres. Aunque es cierto que este mecanismo no asegura una representación equitativa en los Poderes Legislativos ni que las o los mejores lleguen a estos cargos, en una Sociedad como la nuestra, con un machismo tan arraigado, se hace necesario este tipo de medidas. El otro, es la reelección de Presidentes Municipales y Regidores, que otorga la posibilidad de que un buen Gobierno local pueda extender sus funciones por un período más.

En cuanto a los cambios insuficientes, podemos señalar dos: el primero, que los Diputados Locales, Federales y Senadores pueden extender hasta por 12 años su permanencia en las tareas legislativas a través de reelecciones consecutivas, con lo cual se genera un incentivo para que atiendan con mayor atingencia las necesidades de los votantes, quienes en las urnas podrán refrendarlos en sus cargos. Sin embargo, no se creó un mecanismo de control, como la revocación del mandato, que permitiría que un funcionario público en funciones dejase su cargo por actos graves en su desempeño. En segundo lugar, se aprobaron las candidaturas independientes, sin duda una buena noticia, pero las dificultades para acceder a éstas son tales, que se hace muy complicado para un ciudadano común competir electoralmente contra los Partidos Políticos establecidos.

Ahora bien, en las modificaciones aprobadas también hay aspectos que generan mucha incertidumbre, como la conformación del Instituto Nacional Electoral, que podrá organizar Elecciones estatales en ciertos casos (por ejemplo, si en una Entidad hay fuertes problemas de inseguridad nacional), que tendrán que coordinarse con los Institutos Locales (que finalmente se mantendrán en funciones) en los procesos electorales concurrentes, que designará desde el Centro a los Consejeros de los Estados. Todavía falta claridad en los procesos operativos para organizar una Elección. Otros aspectos resultan preocupantes en la Legislación local, como la ambigüedad con la que se define la llamada “guerra sucia” como causa de nulidad de una Elección, lo cual puede prestarse para coartar la libertad de expresión.

Finalmente, hay grandes temas ausentes que, efectivamente, responden a insistentes demandas ciudadanas desatendidas por los Partidos Políticos. Por lo menos dos resaltan: la primera, que el financiamiento público a los Partidos Políticos permanece muy alto. Y, a pesar de que muchas voces coincidían en aminorar los montos, los Partidos decidieron mantener sus prerrogativas. El segundo aspecto es que no se han legislado figuras de participación ciudadana, como el Presupuesto participativo, o no se fortalecieron espacios de gobernanza. Es decir, la política formal sigue siendo un campo minado para las y los ciudadanos.

En síntesis, la Reforma Político-Electoral recién aprobada sí tiene avances, pero algunos de ellos insuficientes; también exhibe lagunas y aspectos que se dejaron de lado. Si hacemos una evaluación en conjunto de esta Reforma, podemos afirmar que estas modificaciones al marco normativo no serán suficientes para resolver la crisis que desde hace años aqueja al sistema político mexicano, y por lo tanto, volvimos a perder la oportunidad de confeccionar la democracia que necesitamos.

Aprovecho estas líneas para agradecer a Semanario la oportunidad de colaborar en este valioso proyecto de comunicación.