Ayotzinapa, explicaciones tardías, soluciones inacabadas

Más preguntas sin respuesta
El caso de Ayotzinapa, un año después

Mtro. Jorge Enrique Rocha Quintero

A principios del mes de septiembre, el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dieron a conocer a la opinión pública un informe alternativo sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero. Las conclusiones del documento ponen en entredicho la llamada “versión histórica”, planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) y su titular de aquel momento, Jesús Murillo Karam, sobre este caso de desaparición forzada que exponía, como sus principales conclusiones, los siguientes puntos:
a) Los 43 normalistas habían sido víctimas de la violencia de un grupo de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos) y de policías municipales.
b) Los 43 normalistas habían sido asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
c) La incineración de los cuerpos fue de tal magnitud, que no quedaron restos de los normalistas para poder identificarlos directamente.
d) La PGR dejó su labor de buscar a los desaparecidos porque ya habían sido asesinados.

Continúa la incertidumbre
La piedra angular de la “versión histórica” de la PGR era que los 43 normalistas habían sido asesinados por la delincuencia organizada y que ésta los había incinerado sin dejar rastros analizables. El documento del GIEI desmiente esta versión y expresa que las indagatorias de la PGR fueron incompletas y deficientes, que no hicieron detenciones a actores clave en el caso y, sobre todo, que es imposible científicamente que los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, ya que los elementos necesarios para lograr este proceso no están disponibles en esa zona.
Esta afirmación pone en entredicho varios asuntos nodales: que los normalistas hayan sido asesinados, por lo tanto, siguen teniendo el estatus de desaparecidos, y que la delincuencia organizada fuera el perpetrador de este hecho. La recomendación del Grupo de Expertos es que se reabra el caso y que se tomen otras líneas de investigación que impliquen otros móviles y a otros actores de esa región de Guerrero. Es decir, casi después de un año de que ocurrieran estos lamentables hechos, estamos prácticamente igual que al principio, porque vuelven a surgir las preguntas: ¿Qué pasó en Iguala con los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado? ¿Quiénes son los responsables de esta flagrante violación a los derechos humanos?

Se evidencia la ineficacia
Las implicaciones políticas del informe del GIEI son muchas, y algunas de ellas de extraordinaria magnitud, pero podemos señalar algunas de las más relevantes:
1) La PGR y los órganos de procuración de justicia estatales no fueron capaces de integrar y llevar a buen término la investigación de un caso tan relevante como éste, a pesar de la presión nacional e internacional que reclamaba justicia. Si este caso, que tenía tantos reflectores sobre si tuvo este triste desenlace, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué tipo de seguimiento tienen los casos de los más de 20 mil desaparecidos en el país?
2) Una vez más, queda claro que la impunidad es uno de los sellos que caracteriza al sistema político mexicano, ya que, de nueva cuenta, el gobierno y sus instituciones son incapaces de procurar justicia, puesto que no sabemos qué fue lo que pasó y, por ende, quiénes son los responsables.
3) El caso Ayotzinapa se suma a la larga lista de grandes y paradigmáticos casos de violaciones a los derechos humanos en México, donde el esclarecimiento de los hechos se queda sin resolver de forma convincente, y donde la salida de las autoridades es crear “verdades históricas” que luego se caen a pedazos.
4) Parece que una estrategia eficaz para garantizar el derecho a la verdad es configurar comisiones especiales de expertos independientes que efectivamente logren conclusiones más veraces sobre este tipo de casos. Tendríamos entonces que crear las comisiones para Acteal, los casos Posadas Ocampo y Colosio, para las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, para las represiones de estudiantes en 1968 y 1971, para la guerra sucia de los años 70… sólo por mencionar algunos acontecimientos donde privó la impunidad.
5) El impacto político para el gobierno de Enrique Peña Nieto es muy fuerte, porque se vuelve a reavivar un hecho que provocó una multitud de movilizaciones en todo el mundo y que, sin duda, ha sido uno de los hechos que mayor impacto ha tenido sobre la imagen y la aprobación del presidente que, de acuerdo a las encuestas, es la peor en los últimos veinte años para un primer mandatario.
Luego de un año, se reitera la demanda de justicia de muchas y muchos mexicanos que pedimos justicia, que se esclarezca lo acontecido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, que se castigue a los responsables de estos hechos y, sobre todo, que la impunidad deje de ser la característica distintiva del sistema de justicia mexicano.

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