Dr. Jorge Enrique Rocha Quintero
La semana pasada, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se dio a conocer que la policía de dicho Ayuntamiento encontró a seis personas que habían sido mutiladas de las manos, y un cuerpo más de una asesinada. En el lugar, también un mensaje que decía que la razón de semejante hecho era hacer justicia por propia mano, ya que las víctimas de esta violencia habían incurrido en algunos delitos, y la mutilación de sus manos era un escarmiento para ellos y para otros que pretendieran seguir su ejemplo.
El surgimiento de este tipo de violencia tan denigrante merece algunas reflexiones sobre las implicaciones de estos lamentables y condenables hechos.
Primero. Cuando aparecen acontecimientos de esta naturaleza que muestran una violencia profunda que intenta ser ejemplar para la Sociedad, una de las razones que está en el fondo de estas acciones es que el Sistema de Justicia de esa comunidad está rebasado, y las Instituciones que la conforman son incapaces de procurar la seguridad pata todos y de garantizar la justicia de sus ciudadanos. La impunidad, la ausencia de estrategias de seguridad adecuadas, la falta de justicia y la incompetencia gubernamental en esta materia, son causas de estos hechos.
Obviamente, las Autoridades no incentivan ni promueven este tipo de violencia; más bien, su inacción es un caldo de cultivo para que este tipo de hechos aparezca. No se trata sólo del delito que se comete; preocupa también la magnitud de la violencia ejercida. Hace algunos años, el Gobernador Emilio González Márquez afirmaba que Jalisco estaba blindado ante la violencia, pero varios años después nos damos cuenta de que esta declaración no tenía sustento, y lo que hoy tenemos es una violencia desbordada.
Segundo. El Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer, advirtió que estos hechos están relacionados con la delincuencia organizada y que no se trata de un acto de justicia por propia mano, como se exponía en el cartel que estaba junto a estas personas. Sin entrar a defender una u otra posición, lo que debe preocuparnos es que hacerse justicia por propia iniciativa se convierta en una práctica recurrente entre los ciudadanos del Estado, que al ver la incapacidad gubernamental decidan que ellos mismos se harán justicia.
Algunos de los problemas que subyacen de esta tendencia radican en que no hay un juicio justo para el posible perpetrador de un delito; que la sanción ejercida sea excesiva en función del delito cometido (desde mi punto de vista ninguna falta a la Ley amerita la muerte de una persona, por ejemplo), y que se suscite una espiral de mucha mayor violencia, cuyo argumento que la desata sea que cada quien se hace justicia por propia mano. Volveríamos a los tiempos de la Ley del Talión (ojo por ojo, y diente por diente).
Tercero. También fue motivo de mucha preocupación que se oyeran voces de ciudadanos que, ante el hartazgo por la inseguridad que se sufre en el Estado, aplaudieran este evento como una forma de hacer escarnio a los presuntos delincuentes así torturados. Que haya habitantes de la ciudad que reaccionen de esta manera, no solamente denota la molestia de la ciudadanía; también nos muestra que no tenemos instalada una cultura de paz ni de los Derechos Humanos; cultura que, de ninguna manera, implica impunidad para los que cometen un delito, pero sí que haya un juicio justo y una pena acorde a la violación de la Ley.
Los sucesos de hace unas semanas vuelven a urgirnos la necesidad de refundar nuestro Sistema de Justicia que, día a día, muestra sus enormes y profundas carencias. Y, por otro lado, nos invita a construir desde la vida cotidiana una cultura que sea respetuosa de los Derechos Humanos y que procure la resolución pacífica de los conflictos como una vía para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses y como una estrategia sólida para reconstruir nuestro deteriorado tejido social.
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