El insuficiente Decálogo de Peña Nieto
Mtro. Jorge Enrique Rocha Quintero
Catedrático del ITESO
La severa crisis política y de seguridad que vive el país tuvo como primera respuesta de parte del Presidente de la República lo que ahora se le ha llamado el Decálogo de Enrique Peña Nieto, con el cual pretende poner solución a lo que está aconteciendo en la Nación. Para ello, propuso las siguientes medidas:
Primera: Creación de una Ley contra la infiltración del crimen organizado en las Autoridades Municipales.
Segunda: Elaboración de una Iniciativa de Reforma Constitucional para redefinir y dar claridad a todo el sistema de competencias en materia penal.
Tercera: Proponer una Reforma Constitucional para establecer las Policías Estatales Únicas, y con ellas pasar de más de mil 800 Policías Municipales a 32 Corporaciones de Seguridad Estatal. La Iniciativa propone que los primeros cuatro Estados en adoptar este modelo sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
Cuarta: Creación del Número 911, telefónico, para Emergencias.
Quinta: Impulsar el establecimiento de la Clave Única de Identidad.
Sexta: Realizar un operativo especial con Fuerzas Federales en los Municipios de los Estados de Guerrero y Michoacán, y en algunos de Jalisco y Tamaulipas.
Séptima: Hacer efectivo el derecho humano a la justicia, y para ello se presentará una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
Octava: Garantizar el respeto a los Derechos Humanos a través de presentar una Iniciativa de Reforma para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, y fortalecer los protocolos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean óptimas. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, el Sistema Nacional de Información Genética, además de publicar el Reglamento de la Ley General de Víctimas y de poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
Novena: Respaldar al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.
Décima: Fortalecer los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal.
Críticas al Decálogo
Ahora bien, ninguna de estas acciones pueden ser señaladas como negativas en sí mismas; sin embargo, suponen varios problemas. El primero es que no hay un cambio de rumbo en la estrategia contra la inseguridad desde el período de Felipe Calderón Hinojosa, y es que siguen como ejes fundamentales de esta política pública el fortalecimiento de las acciones de confrontación directa contra la delincuencia organizada y la aprobación de más y más Leyes, que seguramente seguirán sin cumplirse por la falta de capacidad institucional del Estado Mexicano para hacerlas valer.
Lo segundo es que la clase política sigue intocada y mantiene los privilegios que hasta ahora tiene, y que, como sabemos, es parte de las causas nodales de los problemas que tenemos; es decir, la impunidad para las y los políticos persiste. En tercer lugar, el conjunto de los planteamientos expuestos por Peña Nieto no cambia de raíz y de forma estructural los conflictos que está provocando la crisis del sistema político y del sistema de justicia de nuestro país. Son buenas iniciativas, pues, pero notoriamente insuficientes para resolver los graves problemas que afrontamos.
Asignaturas pendientes
Ahora bien, la Sociedad, en general, no acogió de buena forma estas propuestas, ya que no ve en ellas una verdadera ruta de cambios de fondo y, por tanto, se mantienen las movilizaciones sociales en la calle y prácticamente cualquier acto público representa una ocasión para mostrar el descontento social que prevalece. Aunado a lo anterior, el Primer Mandatario registra el nivel de aprobación social más bajo que ha tenido un Presidente de México desde 1995.
Desde mi perspectiva, la crisis política por la que atravesamos es equivalente (guardando las proporciones) a lo acontecido hace dos décadas, cuando una serie de hechos convulsionó al país, a saber: las explosiones del 22 de abril en Guadalajara; los asesinatos del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu; el alzamiento zapatista y el “error de diciembre” de 1994. En aquella ocasión, en respuesta a la crisis se suscitó una Reforma Política, alternancias en varios Estados (entre ellos Jalisco), y el PRI perdió por primera vez la mayoría de la Cámara de Diputados. Algunos analistas expresan que una respuesta como la de hace 20 años sería insuficiente en el presente y, más bien, tendríamos que pensar en soluciones de fondo; esto es, en rehacer un nuevo pacto social, equivalente a convocar a un nuevo Congreso Constituyente que haga nuevas reglas del juego en todas las esferas de la vida pública mexicana.
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