Guadalajara Arquidiócesis: 150 años de andadura
Atrapados por la Guerra Cristera, tanto los Investigadores como los que de forma somera algo saben del tema, desconocen o no toman en cuenta las tres etapas de la Persecución Religiosa, que en Jalisco tuvo un enclave neurálgico
Pbro. Tomás de Híjar Ornelas,
Cronista Arquidiocesano
La Provincia Eclesiástica de Guadalajara, que al momento de su configuración y por muchos decenios comprendió y rebasó el territorio del Estado de Jalisco (abarcando partes de los Estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y una población de Guanajuato) afrontó la saña con la que durante un lapso de 25 años el Gobierno mexicano planeó y dispuso el sometimiento de la Iglesia a su control. Para el caso, el tema puede dividirse en tres grandes momentos: de 1914 a 1917; de este año a 1926, y de tal fecha a 1940. Aludamos un poco a los dos primeros.
Etapa pre constitucionalista
El movimiento de repudio al régimen golpista de Victoriano Huerta despertó una reacción que supo canalizar a su favor el ex Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza Garza, el cual, entre marzo y diciembre de 1913, lanzó una convocatoria a los diversos grupos sociales para unirse a una campaña cuyo fin sería derrocar a Huerta y convocar a un Congreso Constituyente, rasgo este último que granjeó el adjetivo de ‘Constitucionalista’ al Movimiento, en el cual no quisieron tomar parte los militantes del Partido Católico Nacional; circunstancia aprovechada por el ala radical del constitucionalismo para acusar ¡a la Iglesia! de haber simpatizado y apoyado al Gobierno de Huerta; acusación del todo falsa y gratuita, pero que justificó el ataque sistemático inferido a la Iglesia, sus Movimientos y obras sociales en todos aquellos lugares que fueron paulatinamente tomados por los carrancistas a partir de 1914.
Por ejemplo, en Guadalajara el 8 de julio (día que lleva el nombre de una céntrica calle tapatía) de 1914 fueron convertidos en cuartel todos los templos de la ciudad y los edificios relacionados con la Iglesia, muchos de los cuales fueron definitivamente confiscados, como la Curia Diocesana y el Seminario Conciliar, los hospitales, colegios, conventos y asilos. Todos los Sacerdotes residentes en ella, más de cien, fueron recluidos en la Penitenciaría del Estado, sin cargo alguno, y obligados a pagar una fuerte multa para obtener la libertad.
Los Obispos, a su vez, fueron desterrados, y prohibida la formación clerical. Se dictaron, además, leyes que prohibían casi totalmente la administración de los Sacramentos. En señal de protesta, el Gobernador de la Mitra (en ausencia del desterrado Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez), Canónigo Manuel Alvarado, dispuso que los Sacramentos no se administraran en los templos, sino en domicilios particulares.
Etapa constitucionalista
El Congreso Constituyente de Querétaro no se integró con Representantes de la Nación; más bien, de la militancia carrancista. Todos profesaban el liberalismo con un marcado tinte anticlerical, pero algunos eran moderados y otros radicales. Entre estos últimos, destacó Francisco J. Mújica, quien propuso el Artículo 130º Constitucional, cuyos contenidos anulaban jurídicamente a la Iglesia ante el Estado y en la vida social, a la vez que sometía a la Secretaría de Gobernación todo lo relativo al ejercicio del culto público en México. Obviamente, los Obispos protestaron ante tan arbitraria legislación, y la respuesta del Gobierno fue exiliar a los Prelados, tal y como le pasó al Metropolitano de Guadalajara, Orozco y Jiménez.
Mientras tanto, el Gobierno militar de Manuel Macario Diéguez se empeñó en terminar de destruir algunos edificios monumentales de carácter eclesiástico que habían sobrevivido a la Guerra de Reforma. Sin embargo, cuando intentó limitar el número de Sacerdotes autorizados para ejercer su ministerio a uno por cada cien mil habitantes, el pueblo no pudo más y organizó en 1918 un boicot económico, que trajo consigo la derogación de esa Ley.
Todos los Gobernadores de Jalisco que hubo en ese tiempo se empeñaron en tratar con dureza a los católicos, sobresaliendo entre ellos José Guadalupe Zuno Hernández, quien clausuró reiteradamente las Casas del Seminario Conciliar, confiscó sus enseres y persiguió a sus alumnos con inusual rigor. Ello provocó, como reacción, un Movimiento (pacífico, pero firme y bien organizado), encabezado por el Abogado y hoy Beato Anacleto González Flores: la Unión Popular, a principios de 1925.
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