Con pelos y señales
Mtro. Jorge Enrique
Rocha Quintero
En el mes de febrero de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó sus conclusiones tras la primera evaluación del cumplimiento que México ha dado a sus compromisos frente a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Los resultados no fueron halagadores y mostraron que nuestro país está muy lejos, aún, de resolver este profundo y grave problema, que lastima a tantos mexicanos.
Las recomendaciones del Comité hacia el Gobierno de la República fueron contundentes y dejaron ver que México está generando mucha preocupación en el ámbito internacional por la presencia de esta flagrante violación a los Derechos Humanos. Algunos de los resultados de la evaluación fueron los siguientes:
Contantes y sonantes
La primera constatación de esta instancia es que en nuestro suelo la desaparición forzada es una práctica generalizada y se encuentra presente en la mayor parte del territorio; es decir, que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no es un asunto aislado y, más bien, representa una tendencia nacional.
La segunda constatación es que la impunidad en los casos de desapariciones forzadas es muy grande, ya que las condenas por este delito son prácticamente inexistentes, de acuerdo a la ONU.
El tercer señalamiento es que el Gobierno mexicano tiene serías dificultades para llevar a cabo estrategias eficientes y eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas; esto es, la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante este tipo de delitos es muy precaria aún y, por lo tanto, las posibilidades de encontrar a personas es mínima.
Un cuarto asunto que destaca en las conclusiones del Comité es que, en materia de acceso a la justicia, los presuntos delitos de desaparición forzada no se persiguen penalmente de forma inmediata; incluso hay problemas para tipificar este delito, toda vez que hay casos en que se pretende ocultar la desaparición al consignarla como un delito diferente. Por ejemplo, los casos de tortura también se encubren al indicar ésta como otro delito. Esto, de acuerdo con Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.
Un quinto señalamiento es la preocupación por la desaparición forzada de personas migrantes que atraviesan la geografía nacional, y el hostigamiento por parte de Agentes de Gobierno hacia los familiares o defensores de Derechos Humanos que se involucran en temas de violación a Derechos Humanos ligados a las desapariciones forzadas.
Con voz fuerte
Por tanto, las peticiones que el Comité de la ONU para Desapariciones Forzadas hizo al Estado Mexicano, fueron las siguientes:
1.Investigar de forma exhaustiva a los Agentes o a los Órganos Estatales que podrían estar involucrados en casos de desapariciones forzadas. El Comité considera que las indagatorias para estos casos son deficientes.
2.Considerar, en las denuncias penales por desaparición forzada, a los Altos Mandos o los Superiores jerárquicos en la cadena de mando de Órganos Estatales, que podrían tener responsabilidad en la perpetración de esta grave violación a los Derechos Humanos. Para el Comité, esta acción es fundamental, a fin de contrarrestar la impunidad que prevalece en este tipo de violaciones a los Derechos Humanos.
3.Contar con una Unidad Fiscal especializada, con una perspectiva verdaderamente estratégica y eficaz, para atender el problema de las desapariciones forzadas, pues se cree que la actual Dependencia no desarrolla su labor de la mejor forma.
4.Aprobar, de manera urgente, una Ley General para la desaparición forzada, que se discuta con víctimas y familiares de personas desaparecidas, con tal de evitar que sólo predomine la visión gubernamental del problema.
5.Permitir, después de las reiteradas peticiones, una Visita in situ del Comité para realizar un Informe más amplio y pormenorizado de la situación de la desaparición forzada en nuestro país.
Luego de darse a conocer en la Opinión Pública estas constataciones y recomendaciones, Organizaciones Civiles de Defensa de los Derechos Humanos respaldaron la postura del Comité de la ONU y exigieron al Gobierno de México actuar de forma contundente frente a este flagelo que nos aqueja. Mas, por su parte, el Estado Mexicano ha intentado minimizar los resultados de estas conclusiones y criticó al Comité por las imprecisiones que, según el Gobierno, tienen en sus planteamientos.
Todo este proceso resulta revelador y preocupante, ya que un Organismo Internacional, perteneciente a la ONU, ha confirmado que el problema de las desapariciones forzadas en nuestra Nación es una agenda urgente e importante; sin embargo, frente a esta imperiosa necesidad, la respuesta del Gobierno de México ha sido tratar de minimizar el problema, con tal de no enfrentarlo con la energía y el cuidado que se requiere.
Correo electrónico:
jerqmex@hotmail.com
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