Desmantelamiento

Focos rojos

Voces contra la expropiación de terrenos y propiedades

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo formado por más de 500 organizaciones civiles, que analiza y documenta los efectos de los Tratados de Libre Comercio que México ha firmado, hasta ahora, con 43 países.

Dos académicos de la UNAM: Andrés Barreda Marín, Economista y Sociólogo, y Octavio Rosas Landa, Maestro en Política Económica, ambos miembros del Tribunal, expusieron recientemente, ante estudiantes del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, la situación actual en México en materia de Economía, Salud, Medio Ambiente y otros.

La apertura que han propiciado nuestros Gobiernos, desde hace 20 años, ha agudizado la crisis social, pues, entre otras cosas, se ha despojado a los campesinos de sus medios tradicionales de sustento, obligándolos a emigrar a las ciudades o a sumarse a las bandas criminales. El objetivo, afirmaron, es destruir la vida campesina para posibilitar la venta de sus tierras.

Gradual desmantelamiento

“México decidió hace más de 20 años entregar las riquezas del país, la economía y el mercado interno a los intereses de grandes empresas transnacionales estadunidenses y de otros países. Esto ha derivado en un gran despojo territorial, en una grave destrucción ambiental, en la pérdida de todo tipo de derechos laborales, en la caída del salario y, por supuesto, en las consecuencias de la destrucción del tejido social”, alertó Rosas Landa.

Barreda Marín advirtió sobre la destrucción de los acuíferos, saqueo de agua, falta de control sobre los residuos industriales, hospitalarios e importación de basura proveniente de Estados Unidos: “Hay una escasez creciente de agua, a la par que ésta se privatiza. Una nueva Ley, que acaba de aprobarse, señala que quienes tienen el derecho fundamental al uso masivo del agua son las empresas mineras. Ya sabemos que cuando hay minería a cielo abierto, ésta no tiene límites; contamina el agua con cianuro y otras sustancias químicas. El 16% del territorio mexicano está concesionado a empresas mineras”.

Esas concesiones se han otorgado sobre todo a partir de 2000, sin importar su grave daño ambiental. Las más afectadas son las comunidades indígenas. Quienes defienden sus tierras son criminalizados, y se ha legislado para abrir la posibilidad de expropiar terrenos y propiedades particulares, ejidales y comunales, cuyos propietarios no acepten las condiciones de las firmas transnacionales sobre la venta o renta de los mismos cuando haya yacimientos de petróleo y gas. Se extendió para el caso de instalaciones eléctricas.

Por ejemplo, el Senador Luis Sánchez calculó que serán afectados más de 400 mil kilómetros cuadrados de terrenos en 12 Estados como consecuencia de las nuevas Leyes, que no sólo propiciarán la privatización del petróleo, gas y electricidad, sino pretenden que puedan pasar a manos privadas el agua, tierras de cultivo, bosques, ríos y mares, dando potestad a empresas extranjeras para apoderarse de las extensiones que quieran, utilizando la expropiación no como un instrumento en beneficio de la utilidad pública, sino de su interés particular.

Muchas comunidades tratan de hacer valer sus derechos. Se calcula en 400 el número de conflictos que están dirimiéndose en tribunales del país. “Dejarnos legalmente inermes, como pretenden las leyes en proceso de aprobación, aumentará la conflictividad en diversas regiones”, advirtió Raymundo García, dirigente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, agrupación de la Sierra Norte de Puebla. Las comunidades de Zapotitlán, en esa zona, han decidido “negar la autorización para la operación de minas a cielo abierto, así como la construcción de hidroeléctricas y la propagación de cultivos transgénicos”. Esas comunidades exigen la cancelación de concesiones y permisos que violen sus derechos colectivos y exigen el uso y disfrute de los territorios indígenas, su identidad cultural, sano medioambiente, agua potable y saneamiento y protección de la salud.

El derecho al pataleo

Preocupa la dimensión que ha adquirido el rechazo de campesinos e indígenas a lo que Álvaro López Ríos, Dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, consideró “un atropello”: la aprobación de las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, que posibilitan la expropiación de predios para explotar yacimientos: “El Gobierno está actuando de forma autoritaria en favor del gran capital y de las empresas que vendrán a intentar despojarnos de nuestras tierras. Lo previmos, pero hemos advertido que ante una reforma que atropella y despoja a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, vamos a organizar Comités de Defensa de la Tierra”.

Ojalá no se llegue a enfrentamientos, pues sería muy grave para la Nación. Los hoy propietarios defienden sus posesiones sintiéndose lesionados en sus derechos de propiedad, que consideran sagrados. El Régimen, por su parte, esgrime la postura del beneficio público.