El problema de las personas desaparecidas en México

Dr. Jorge Enrique Rocha Quintero

En enero de este año, la reconocida Organización No Gubernamental, Amnistía Internacional, presentó un Informe titulado “Un Trato de Indolencia. La respuesta del Estado ante la desaparición de personas en México”, en el que nuevamente se analiza este problema social que lastima profundamente a las familias y a las comunidades que lo sufren.
Dicho valioso Documento consta de varios apartados que aluden a la crisis de Derechos Humanos que vive México a partir de este problema; se muestran cifras recientes, por Estados, y se analiza con detalle dos casos: a) los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, y b) el caso de las personas desaparecidas en el Municipio de Cuauhtémoc, en el Estado de Chihuahua; además, se muestran conclusiones sobre este fenómeno y se proponen algunas acciones para abordar esta agenda urgente.

Puntualizaciones muy preocupantes
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Gobierno de México, para enero de 2016 había 27,638 casos de personas en esta condición. El Estado de Tamaulipas se ubicó en el primer lugar con 5,705 personas cuyo paradero se desconoce; le sigue el Estado de México con 2,693 casos; en tercer lugar, Nuevo León con 2,246 desaparecidos; le sigue Jalisco con 2,135 casos; en quinto lugar está Sinaloa con 1,757 no localizados; en sexto lugar se ubica Chihuahua, con 1,698 casos; en séptimo. Coahuila con 1,478 desaparecidos, y en octavo sitio figura Baja California con 1,276 registros. Para el caso de Jalisco, el Estado pasó del segundo al cuarto lugar de las Entidades con mayor número de desaparecidos en los últimos años.
En lo que se refiere a los Colectivos y Organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, podemos decir lo siguiente: a) Sólo en 10 Estados del país no se tiene registro de grupos que busquen a personas desaparecidas; b) Existen dos tipos de Colectivos: los que buscan a desaparecidos de origen mexicano, y los que buscan personas desaparecidas de origen centroamericano; c) En cuanto a la presencia de estos Colectivos, el Estado que más Organizaciones tiene es Tamaulipas, con 10 Grupos (7 de mexicanos y tres de centroamericanos); le sigue Coahuila, con 9 Organismos (7 de mexicanos y dos de centroamericanos); Guerrero y Veracruz, con ocho Colectivos cada uno; después, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León, con seis Grupos cada uno. Por su parte, en el Estado de Jalisco, Amnistía Internacional registra tres Colectivos que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.
Una de las novedades que presenta este Informe es la relación del caso del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, que cuenta con 114 mil habitantes, y desde 2007 surgió el fenómeno de la desaparición de personas. Según datos gubernamentales, este problema alcanzó la cifra de 351 personas en esta condición. En el texto se relatan algunos casos particulares; por ejemplo, los de Artemisa Ibarra y Martha Loya, que buscaban a sus familiares desaparecidos y luego ellas mismas fueron víctimas del mismo delito, presumiblemente por realizar esta labor.

Desenhebrando la madeja
Una de las conclusiones más importantes de Amnistía Internacional frente a este grave problema, apunta a la incapacidad del Estado Mexicano para abordar este asunto y darle solución. Y uno de los planteamientos que resultan nodales del Informe es que la relación entre Autoridades y los familiares de desaparecidos es sumamente conflictiva, y en la gran mayoría de los casos se caracteriza por la falta de respuestas por parte de las Policías Investigadoras, a lo que se añade una enorme insensibilidad ante lo que viven las familias.
Esta Organización Internacional propone algunas medidas para resolver este problema; entre otras: 1) Deben investigarse a profundidad todos los casos de desaparición de personas, tanto los que presuntamente realizan Autoridades como los que implican a actores no estatales (delincuencia organizada, por ejemplo); 2) Implementar mecanismos y procedimientos expeditos y eficientes cuando alguien sea reportado como desaparecido; 3) Necesario, incorporar y generar procesos de colaboración entre familiares de desaparecidos y Autoridades; que no dejen a las familias toda la carga de la investigación de los casos, como suele suceder con frecuencia; 4) Se requiere establecer un mecanismo de declaración de ausencia, para que las responsabilidades de una persona desaparecida no recaigan en las familias; por ejemplo: dejar de cobrar intereses sobre deudas contraídas por un desaparecido; 5) Finalmente, es urgente realizar una reparación integral del daño a los familiares de un desaparecido.
Además, el Informe “Un Trato de Indolencia” vuelve a recordarnos, de forma muy cruda, que el problema de las desapariciones de personas en nuestro país está muy lejos de resolverse, y es menester continuar exigiendo a las Autoridades que aborden el tema con la importancia y atingencia que amerita.

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