Conviene repasar la Historia

Hace 90 años
La Cristiada:Una trágica Guerra Civil que pudo no haber sido

Pbro. Tomás de Híjar Ornelas
Cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara

Mons. Pascual Díaz y Barreto, Obispo de Tabasco

Aunque los “hubiera” y los “debiera” no existan en la Historia, de vez en cuando conviene plantear con visión crítica el choque de dos criterios rígidos, como pasó cuando Plutarco Elías Calles implementó una legislación que destruía en buena parte el ser y quehacer de la Iglesia en México, y en reacción a ello el Episcopado dispuso la suspensión del culto en los Templos. Este 25 de julio se cumplen 90 años de la Carta Pastoral mediante la cual los 38 Obispos que había en México ordenaron a su Clero dejar los Templos y ejercer su ministerio en la clandestinidad el mismo día en que entrara en vigor la Ley Calles, que penaba tal cosa con multas de 300 mil pesos de hoy en día, y cárcel hasta por seis años. La intolerancia de Calles y la de los Obispos dio pie a la más sangrienta guerra en la Historia de México. ¿Qué empujó a los Obispos a tomar tan drástica determinación? El Historiador Jean Meyer dio hace poco una nueva interpretación a esos hechos

Monseñor Tito Crespi, Encargado de la
Delegación Apostólica

“BAJO LA PRESIÓN DE UN PEQUEÑO GRUPO Y DE JESUITAS”
Gracias a la apertura de una parte de los Fondos del Archivo Secreto Vaticano relacionados con el pontificado de Pío XI, de 1922 a 1939, el Presbítero Juan González Morfín, del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, obtuvo muy valiosos documentos que puso en manos del Dr. Jean Meyer Bartres, sirviéndole de cantera a su Discurso de Recepción al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara el 4 de diciembre de 2015, en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro, “por su contribución a la investigación científica, filosófica, lingüística e histórica de los movimientos sociales y cristeros en México”.
Dicho Discurso se intitula “¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?”, y está dividido en seis partes. En él se ofrecen pruebas contundentes para afirmar que quien más influyó en casi todos los 38 obispos residentes en México que en 1926 tomaron la gravísima decisión de suspender por tiempo indefinido el culto en los Templos, ordenando a su Clero que ejerciera su ministerio en la clandestinidad, aunque eso le granjeara multas, cárcel y hasta la muerte, fue la presión que sobre su ánimo ejercieron, en palabras del Encargado de la Delegación Apostólica en México, monseñor Tito Crespi, un grupo pequeño de Obispos intransigentes, como el de Durango, y algunos Religiosos de la Compañía de Jesús, de la Provincia de México.

Mons. José Mora y del Río, Arzobispo de México

EL DRAMA
Cómo cortó el Gobierno de México la posibilidad de entablar comunicación directa con la Santa Sede, lo explican estos datos: la expulsión, en 1923, del Delegado Apostólico, Ernesto Filippi, en represalia por su participación en el acto donde se colocó, el 11 de enero de ese año, la primera piedra del Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, que partidarios del Gobierno dinamitaron poco después.
La celebración del II Congreso Eucarístico Nacional, en octubre de 1924, que irritó sobremanera al Gobierno, el cual hizo mucho para sabotear ese acto.
La creación, el 21 de febrero de 1925, de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, bajo el amparo del Presidente de México, Plutarco Elías Calles, la cual no prosperó pero sí alertó mucho a la Santa Sede. Alentado por ello, un círculo de católicos muy allegados a los Jesuitas creó, en marzo siguiente, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, siempre proclive a la insumisión en contra del Gobierno.
La entrevista sostenida a fines de 1925 por el Arzobispo de Durango, José María González y Valencia -siempre proclive a la intolerancia con el Gobierno-, y el moderado Obispo de San Luis Potosi, Miguel de la Mora, con el Papa Pío XI para ponerle al tanto de lo que estaba pasando en México.
La solicitud del Presidente Calles al Congreso de la Unión, del 7 de enero de 1926, pidiendo la facultad de reglamentar el Artículo 130º de la Constitución.
El encarcelamiento del Arzobispo de México, José Mora del Río, en febrero de ese año, en represalia por una entrevista publicada en el Periódico El Universal el día 4 anterior, presentando como nuevas, viejas declaraciones del Prelado, en las que afirmaba que los Obispos “no reconoceremos y combatiremos los Artículos 3º, 5º, 27º y 130º de la Constitución”. En represalia a ello, el Gobierno callista expulsó a más de 200 Sacerdotes extranjeros, cerró más de 100 colegios católicos y clausuró 83 Conventos.
En la Carta Pastoral del 21 de abril, los Obispos de México manifestaron su “non possumus” (“no podemos” aceptar) las Leyes, pidiendo una urgente reforma de la Carta Magna. En respuesta, el 10 de mayo el Gobierno callista echó de México a la única persona que hubiera podido mediar entre él y los Obispos: el Delegado Apostólico Serafino Cimino, quien antes de exiliarse a La Habana creó un Comité Episcopal, encabezado por el arzobispo de México José Mora y del Río; Pascual Díaz Barreto como Secretario; Leopoldo Ruiz y Flores, totalmente reacio a la intolerancia, como Vice- Presidente, y dos Consejeros: Francisco Orozco y Jiménez, Arzobispo de Guadalajara, y el arzobispo de Puebla, Pedro Vera y Zuría. Dejó, además, como Encargado de Despacho en la Delegación. a su Auxiliar, Monseñor Tito Crespi, siempre proclive a la tolerancia.

Mons. Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia

EL COMITÉ EPISCOPAL Y LA SANTA SEDE
Según los comunicados de Crespi al Delegado Caruana, lo que decidió a los Obispos a optar por la suspensión del culto fue “la intromisión preponderante de muchos Jesuitas en los asuntos de las Diócesis”.
Ciertamente, el camino de la intolerancia eclesial se endureció el 1º de julio de ese 1926. En tal fecha, el Arzobispo Mora y del Río envió a Roma una carta afirmando que ante el Gobierno de México “el único camino es la intransigencia absoluta y uniforme”. Afirmaba, además, que 18 de los 38 Obispos apoyaban el repudió total a la legislación anticlerical.
El 11 de julio, cinco Arzobispos y cuatro Obispos reunidos en la Ciudad de México votaron por la suspensión de cultos en todas las iglesias del país a partir del 1º de agosto, día en que entraría en vigor la Ley Calles. Preocupado por el cariz que iba tomando el caso, el 15 de julio, el Obispo Rafael Guízar y Valencia envió un telegrama al Cardenal Piero Gasparri, Secretario de Estado de la Santa Sede, expresándole que esa medida era “sumamente perjudicial”. El 19, Monseñor Crespi intentó lo imposible: denunciar ante el Cardenal Gasparri “la presión de un pequeño grupo y de Jesuitas” para arrancar, a los Prelados que no estaban de acuerdo, su visto bueno a la suspensión; él, por su parte, buscó entrevistarse con el Secretario de Gobernación de Calles, Adalberto Tejeda, quien sólo lo recibió hasta el día 21.

Mons. Rafael Guízar y Valencia, Obispo de Xalapa (hoy Santo)

EL ULTIMÁTUM
Empero, la víspera de este día, después de escuchar el parecer de la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos, el Papa Pío XI, muy influido por la continuidad anti católica en Francia, Rusia y México, no menos que por el parecer del Cardenal Tommaso Boggiani, ya había optado por el rechazo total a la legislación mexicana vejatoria de la Iglesia, de modo que el día 21 el Cardenal Gasparri envió al Comité Episcopal de esa nación un telegrama en estos lacónicos términos: “Santa Sede condena la Ley, a la vez que todo acto que pueda significar o ser interpretado por el pueblo fiel como una aceptación de la Ley misma. Los 0bispos deberán ajustarse a esta norma, procurando obrar con el consentimiento de la mayoría y, si es posible, de la unanimidad para dar ejemplo de concordia”.
Aunque el texto no la propone, tampoco prohíbe la suspensión de cultos. Sin embargo, los Obispos indecisos y aun opuestos a la suspensión creyeron recibir una orden y aun sin estar de acuerdo con ella, la aceptaron.
Nadie sospechaba las consecuencias espeluznantes de la misma; ni Calles ni los pilares de la masonería en México, que tan ardorosamente lo respaldaron. Tampoco el Episcopado Mexicano, que poco después fue expulsado del país; todos, menos dos: el obispo de Colima, don Amador Velasco, y el de Guadalajara, Francisco Orozco. Uno sobreviviría oculto en las inmediaciones del Volcán Colima; otro, en las barrancas del Poniente de Guadalajara.
De 1927 a 1929 tendría lugar la guerra cristera.

Mons. José María González y Valencia, Arzobispo de Durango