Los tortuosos procesos de entrega-recepción de los Gobiernos

Entre disculpas y excusas

Mtro. Jorge Enrique Rocha Quintero

Las nuevas Administraciones Municipales ya están en funciones y, de acuerdo a lo que mostraron ante la Opinión Pública los entrantes Alcaldes, los Ayuntamientos que recibieron tienen grandes y graves problemas en su Nómina, que es alta y desequilibrada según los requerimientos de la ciudadanía; en la enorme deuda pública que, en el caso de algunos Municipios Metropolitanos, ya alcanza niveles muy preocupantes; en la falta de recursos y dinero disponible para realizar las funciones más básicas de la Comuna, como la recolección de basura; y con un diseño administrativo de los Gobiernos locales muy poco eficiente para resolver los problemas que aquejan a sus demarcaciones, ya que la multiplicación de instancias dentro del aparato gubernamental hace imposible un seguimiento adecuado de ellas, entre otros problemas.
Es cierto que cuando hay cambio de Partido en el Gobierno, una de las prácticas recurrentes de los nuevos administradores públicos es resaltar lo mal que les dejaron las Alcaldías, e intentar contrastarse con los anteriores para que los ciudadanos tengan una alta percepción de cambio. Este proceso es más o menos normal en todas las democracias; sin embargo, más allá de las posibles exageraciones que puede haber, es necesario estipular una serie de reglas que ayuden a que los procesos de transición de Gobierno sean menos caóticos y que no generen tantos problemas; que, al final del día, a quienes terminan afectando de manera directa es a los habitantes de su propia jurisdicción. Parecería que la ciudadanía que vota por la alternancia política paga un costo por “castigar” en las urnas a los Gobiernos salientes.
El Congreso Local, que entrará en funciones a partir de noviembre venidero, tendrá la oportunidad de resolver este asunto y, para ello, deberá generar una legislación que regule el proceso de entrega-recepción en los Ayuntamientos y en el Gobierno del Estado para contar con procedimientos mínimos que aseguren una transición que no afecte el desarrollo de las actividades cotidianas de los Gobiernos, municipales o estatal, durante los períodos de cambio.
Algunos de los asuntos que posiblemente pueden regularse y que contribuirían a mejorar este problema, son:
Entre el momento de la Elección y la entrada del nuevo Gobierno Municipal, pasa demasiado tiempo (tres meses). Este período tiene que acortarse aún más (en la pasada reforma electoral, este lapso disminuyó), ya que puede prestarse a manejos inadecuados de parte de los Ayuntamientos salientes. El espacio entre la Elección y la Toma de Posesión tiene que ser cada vez menor, tanto en Cabildos como en los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.
Debe establecerse un protocolo mínimo de entrega-recepción, que incluya información básica necesaria que los Ayuntamientos salientes deben entregar de forma completa a los nuevos gobernantes, además de contar con un período establecido y suficiente para hacerlo. Dicho proceso no puede dejarse a la voluntad de los actores políticos implicados. Esto ayudaría a un mejor proceso de rendición de cuentas y a evitar sorpresas a los nuevos gobernantes.
Tales procesos de Entrega-Recepción deberán ser observados por Comisiones especiales de ciudadanos que atestigüen su buen desarrollo del proceso y, en caso de ver irregularidades, enterarlas tanto a las Autoridades como a la Opinión Pública. Esta acción también puede constituirse como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
La basificación del Personal en los Ayuntamientos y en el Gobierno Estatal deberá cancelarse desde el proceso electoral hasta el momento que entra el nuevo Gobierno. Así, se evitará que los entrantes gobernantes encuentren nóminas obesas e innecesarias con las que luego tendrán que lidiar y que redundan en mayor ineficacia. Incluso esta acción tendría que ir acompañada por un proceso de incorporación del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública.
Los Ayuntamientos dimitentes deberían tener un mandato de dejar en las arcas municipales los recursos financieros suficientes para que el Gobierno entrante tenga, por lo menos, el dinero para pagar la Nómina y la prestación de los servicios básicos que competen a los Gobiernos Municipales. Esto implicaría que los Ayuntamientos salientes administren de mejor forma los recursos en su último año, y evitaría contingencias innecesarias para las nuevas Administraciones.
Lo acontecido en los primeros días de los nuevos Gobiernos locales nos lleva a la necesidad de regular estos procesos, para evitar el colapso de las Administraciones entrantes, para generar más mecanismos de rendición de cuentas, y para que los ciudadanos no sean las víctimas de estos procesos que, hoy por hoy, son un “hoyo negro”.

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